martes, 14 de febrero de 2012

Denuncia urgente por represión al poblado Santa María Las Flores y detención ilegal de compañeros. FNLS


San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 14 de febrero de 2012.

A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación y medios alternativos.
A las organizaciones democráticas e independientes.
A la opinión pública.

Denuncia Urgente:

Como se ha venido denunciando (Boletín de prensa del 13 de febrero de 2012) sobre el riesgo de detención y represión  contra nuestros compañeros, el gobierno ejecuta las ordenes de aprehensión con lujo de violencia contra los compañeros de la Unión de Transportistas El Quetzalito el día de hoy 14 de febrero.
Desde las 07:00 horas de este 14 de febrero un convoy de 30  unidades  de la policía estatal preventiva, policías municipales de Ocosingo  invadieron con lujo de violencia la comunidad Santa María las Flores(que se encuentra en el tramo carretero Altamirano-Ocosingo), municipio de Ocosingo, golpeando a mujeres, hombres, ancianos y niños, llevándose arbitraria y extrajudicialmente a los compañeros Eleazar Cruz Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, Antonio López Sántiz, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela y la niña Ernestina Gómez Sántiz, todos ellos golpeados y heridos de gravedad.
El convoy de 30 unidades todos con elementos policiacos, arremetieron con golpes y gases lacrimógenos contra los compañeros que estaban  en la comunidad y deteniendo a quienes se encontraban a su paso, dejando heridos a hombres, mujeres y niños en la comunidad y  llevándose  tres unidades tipo tsuru de los compañeros transportistas.
El operativo policiaco que duró aproximadamente una hora se retiró con dirección a la cabecera municipal de Ocosingo, donde se presume puedan estar arraigados nuestros compañeros y compañeras y la niña, con riesgo de padecer tortura por el aparato policiaco.
Denunciamos que nuestros compañeros  Eleazar Cruz Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, Antonio López Sántiz, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela y la niña Ernestina Gómez Sántiz, heridos de gravedad, pueden ser víctimas de  tortura  física y psicológica por parte de los cuerpos policiacos  y militares con el objetivo de auto inculparse, intimidarlos para desistir de la defensa de sus derechos laborales o para obligarlos a culpar a otros compañeros.
Esta acción represiva por parte de elementos policiacos  forma parte de las constantes agresiones y vejaciones hacia nuestros compañeros, violando sus derechos humanos y constitucionales. Este último se suscita después de establecer un acuerdo, firmado por el gobierno del estado a través de los CC. Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno); minuta de acuerdo en el que el gobierno se compromete a que se “restablezca el  estado de derecho” “a más tardar  el miércoles 15 de febrero del año en curso”.
 Se confirma que el gobierno ante la incapacidad de resolver un problema de carácter social de desempleo utiliza los aparatos represivos como respuesta. Y el restablecimiento del “estado de derecho” no es más que la aplicación de la represión  hacia quienes demandan mejores condiciones laborales.
Advertimos que el riesgo de invasión, militarización de las comunidades de los compañeros que  integran la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) sigue latente, así como el riesgo de detención y encarcelamiento de nuestros compañeros.

Responsabilizamos:
Al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé Castañón León, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno), a Walter Irecta presidente del grupo de autotransporte “Laguna Miramar”, de los daños cometidos  en contra de nuestros compañeros, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y de quienes forman parte de  nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Hacemos un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos para que en la medida de la ejecución de sus buenos oficios intercedan e intervengan ante el gobierno del estado para que liberen a nuestros compañeros Eleazar Cruz Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, Antonio López Sántiz, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela y la niña Ernestina Gómez Sántiz, todos ellos golpeados y heridos de gravedad;  se canceles las ordenes de aprehensión de nuestros compañeros Armando Gómez Aguilar, José Manuel Gómez Aguilar, Víctor Manuel Gómez Sántiz y Marcos Gómez López; y cesen las  agresiones policiaco-militares en contra de los integrantes y familiares de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

¡LIBERTAD  INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS  ELEAZAR CRUZ CRUZ, RODOLFO PÉREZ ESPINOZA, ANTONIO LÓPEZ SÁNTIZ, LAS COMPAÑERAS ALICIA SÁNTIZ LÓPEZ, BLANCA ESTELA Y LA NIÑA ERNESTINA GÓMEZ SÁNTIZ!
¡CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN  DE LOS COMPAÑEROS ARMANDO GÓMEZ AGUILAR, JOSÉ MANUEL GÓMEZ AGUILAR, VÍCTOR MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ Y MARCOS GÓMEZ LÓPEZ!

¡ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS INTEGRANTES DEL FNLS!

¡POR  LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

Boletín de prensa. El gobierno responde con la judicialización y represión a un problema social de desempleo, producto de la crisis económica.


San Cristóbal de las Casas, Chiapas,  13 de febrero de 2012.

A los medios de comunicación.  A los medios alternativos.
A los organismos defensores de derechos humanos nacionales a internacionales.
A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes.
A la opinión pública.

Denuncia pública:
El gobierno responde con la judicialización y represión  a un problema social de desempleo, producto de la crisis  económica.

Ante el creciente desempleo, pobreza y miseria que padecemos los mexicanos, y ante el incremento constante de los pasajes controlado desde los grupos caciquiles, hace más de dos años que solicitamos concesiones o permisos  al gobierno del estado ante las secretarías correspondientes, para laborar como transportistas brindando el servicio de transporte, en modalidad de taxi, en la ruta Altamirano-Ocosingo y viceversa; sin embargo sólo hemos recibido amenazas y  represión.
Para poder resolver las necesidades básicas como personas y ante el gran desempleo en  que está sumido el país decidimos asociarnos para trabajar como transportistas, y de esa manera generar ingresos para nuestras familias que tanto hace falta con las recurrentes crisis económicas que golpean y laceran las condiciones de vida del pueblo.
Desde que decidimos organizarnos para trabajar y solicitar las concesiones y/o permisos, se han suscitado una serie de hechos represivos  en nuestra contra, que van desde el asesinato del compañero Mario Paniagua y el compañero herido Anselmo Sánchez, y constantes amenazas de muerte. Por parte de los caciques, dueños de las concesiones de las sociedades “San Carlos” y “Laguna Miramar”.
A ello se suma el apoyo del gobierno del estado de  Juan Sabines Guerrero, que desde la secretaría de transporte, delegación de gobierno de Ocosingo, y la misma secretaría de gobierno, protegen los intereses de sus  amigos: los caciques dueños de las concesiones en Altamirano y Ocosingo. Esto demuestra la corrupción y el negocio que hacen de las concesiones, lucrando con las necesidades del pueblo pobre que necesita trabajo.
El gobierno del estado hace oídos sordos ante los problemas sociales, generado en la región por el constante aumento de los hidrocarburos, y muestra incapacidad y autoritarismo al responder con el aparato policiaco-militar para arremeter en contra  de los transportistas que necesitan de un trabajo  como fuente de subsistencia.
La única respuesta que nos dio el gobierno del estado el 24 de noviembre fue cuando montaron un operativo policiaco en Ocosingo para detener nuestras unidades, mientras los llamados concesionados tomaban nuestras instalaciones en el municipio de Altamirano, hecho que demuestra el apoyo y coordinación del gobierno con los caciques.
Este hecho agudizó la problemática, al grado de decidir no laborar por parte de las dos rutas que estábamos trabajando, producto de aplicación de la represión, ocasionando al mismo tiempo la tensión de las relaciones entre nosotros y los transportistas concesionados. Que desde la fecha no hemos venido laborando, situación que provoca incertidumbre  y zozobra en las familias que  no tenemos otra fuente de subsistencia.
Posteriormente el gobierno giró  órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros Armando Gómez Aguilar, José Manuel Gómez Aguilar, Víctor Manuel Gómez Sántiz y Marcos Gómez López, que constituye una medida judicial por parte del gobierno para hacer que desistamos de nuestra lucha  por trabajar dignamente.
A este hecho se suma un acuerdo entre el gobierno del estado y los transportistas concesionados, firmado  el 09 de febrero en el municipio de Altamirano por los CC. Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno); minuta de acuerdo en el que el gobierno se compromete a que se “restablezca el  estado de derecho” “a más tardar  el miércoles 15 de febrero del año en curso”.
Por ello, alertamos a los organismos defensores de los derechos humanos y a las organizaciones democráticas e independientes, estén atentos al desarrollo de esta  problemática generada por el gobierno, por el riesgo que corren nuestros compañeros de ser encarcelados injustamente, y que sean detenidos arbitrariamente los demás compañeros transportistas y sus familias.
Advertimos  y denunciamos que a la par de estas detenciones el gobierno pretende invadir y militarizar las comunidades  de los compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) para encarcelarnos por estar apoyándonos como transportistas.
Responsabilizamos:
Al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé Castañón León, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno), a Walter Irecta presidente del grupo de autotransporte “Laguna Miramar” de cualquier detención arbitraria, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y de quienes forman parte de  nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.


¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!

UNIÓN DE TRANSPORTISTAS “ELQUETZALITO”- FNLS

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

martes, 7 de febrero de 2012

PRONUNCIAMIENTO 07/FEBRERO/2012


San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 07 de febrero de 2012.

A la comunidad universitaria.
A la comunidad estudiantil
A los medios de comunicación y medios alternativos.
A la opinión pública.

La educación en México es ya un negocio rentable para la inversión privada. Hace ya algunos años que la educación pública y gratuita ha sido abandonada por el Estado Mexicano,  y con ello ha generado las condiciones para la iniciativa privada de invertir en la educación, transformándose de ésta manera en una mercancía más.  
La prueba irrefutable la tenemos a la vista con más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, a causa de las políticas económicas y sociales de exclusión y de hambre que implementa la oligarquía  empresarial a través de los políticos de oficio a nivel federal y estatal.
La miseria no es un problema propio de una región del país, es un problema generalizado, que se agudiza en todos los sectores,  a medida y cada vez que el Estado  le abre las puertas para la inversión privada. En este sentido, nuestra educación  es hoy para los intereses empresariales, un  negocio rentable, y el que ahora Felipe Calderón impulsa la privatización mediante el uso de recursos públicos apoyando a escuelas privadas, a través del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, con el sistema becas-crédito en el que la Secretaria de Hacienda respaldara con dinero del erario público. Donde el total de las ganancias serán para los bancos y las universidades particulares, en su mayoría patitos”.
Han tenido que pasar varios años para que la privatización a la educación nos golpeara en la medida que estos proyectos fueran concretándose en cada uno de las instituciones educativas.   A este proceso podemos hacer mención de varios intentos por cerrar con la fuerza pública a escuelas como la Normal Rural Mactumactza  en el periodo de Salazar Mendiguchia, a la Normal Rural Jacinto Canek , quienes en demanda de mejores condiciones y cubrir las necesidades educativas a su formación, a cambio, les han dado migajas y represión a éstos.
La respuesta que gobiernos en turno han dado a las necesidades urgentes en el tema educativo a nivel estatal, es el nulo interés para tratar estos temas, por tanto, las condiciones generales en educación en Chiapas son de  los niveles de conocimiento más bajos en el país; que decir de las universidades públicas, el resultado es dramático .
Muestra de estos problemas estructurales es palpable en nuestra Facultad de Ciencias Sociales-Unach. La política que se sigue al interior de ésta, es la misma que buscara acabar con la educación pública y gratuita a cualquier costo. Nos referimos a que los administrativos y docentes  jugaran la prueba que el precandidato a la república Peña Nieto no pasó, si así lo desean. Es decir, que no tendrán si quiera la dignidad humana de reconocer que su avaricia los ha llevado y obligado a no importarles el tipo de educación que recibamos los alumnos de ciencias sociales.
Si eso es inconcebible, porqué no ver alrededor de nuestra facultad, ¿A caso no es palpable el problema que existe en cada administración? Hagamos memoria a corto plazo, de 2006 a la fecha han estado 4 directores frente a la dirección de la FCS –los dos últimos, Fidel y Mauro con los años establecidos en la ley orgánica de la UNACH, y dos rectores  de la máxima casa de estudios, cada uno de ellos han llegado mediante  las fiestas y palancas.  Tratando de ganar legitimidad entre los estudiantes, para ello, procurar comprar y vender calificaciones. Preguntamos de nuevo, haciéndonos valer de nuestra observación y crítica ¿habrán cambiado nuestras condiciones en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) durante estos años?

Sobre los cambios curriculares.
A raíz de la aceptación de los cambios al modelo curricular de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, por la mayoría de los docentes y administrativos, algunos por omisión y otros por comisión; y de la comunidad estudiantil por impotencia e ignorancia, se han suscitado prácticas nuevas  perniciosas y han continuado viejos  problemas de carácter logístico y de coordinación entre academias, licenciaturas y estudiantes.
Cuando se presentó a los docentes y estudiantes principalmente, la necesidad de “actualizarse” y reformar nuestros  planes y programas de estudio para atender los nuevos retos de una “sociedad más compleja”, se argumentó (y algunos siguen sosteniendo) que  desde una visión constructivista, a partir de un sistema educativo estimulado por las competencias se podía cumplir con las nuevas necesidades que un mundo “globalizado” requiere.
En efecto, ésta visión constructivista atiende las nuevas necesidades de una sociedad globalizada, en donde todos los esfuerzos  serán dirigidos hacia las reglas del mercado capitalista regidos bajo la oferta y la demanda; es decir, que los nuevos planteamientos teóricos están diseñados para sostener y apuntalar la ideología de una clase en el poder, y en función de esos conceptos los estudiantes y docentes cumplirán (y hemos estado sometidos) las reglas que el capitalismo internacional o imperialismo exige; de convertir no solo la fuerza de trabajo en una mercancía, sino pervertir una actividad (educación) importante por el cual el pueblo puede alcanzar niveles mayores de conciencia  y convertirla también en una mercancía.
Para lograr este cometido, desde instancias educativas superiores como el ex rector Ángel René Estrada Arévalo, Hugo Armando Aguilar se promovieron las reformas  con el  chantaje de que si la Facultad le urgen recursos para sostenerse y quiere mejorar su infraestructura (y tener un mayor gasto corriente) era necesario tener la acreditación de los  Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES),y tener el Nivel 1 (en la nomenclatura de los CIEES, es la mejor)   y así tener mayor injerencia sobre los recursos económicos. Con este chantaje se dio paso y puertas completamente abiertas para realizar los cambios   e imponer la visión de estos Comités, que tenían la tarea de adecuar la Universidad a las necesidades del mercado capitalista, y con ello  alejarse cada vez más de la pregonada visión humanista. Todo ello diseñado  hace muchos años por el BM, FMI.
Aunque hubo una parte de la comunidad universitaria (algunos docentes, administrativos y alumnos) que no estuvieron de acuerdo en  los cambios que se estaban realizando bajo las premisas irrenunciables de los CIEES, presentaron propuestas y alternativas a estos cambios pero no fueron tomadas en cuenta; otros más, cayeron en la trampa de avalar e incluso legitimar estos cambios perversos con el supuesto de haber consultado a los actores o sujetos sociales del proceso, sin hacer la crítica puntual a lo que se estaba atendiendo.
De esta manera los nuevos planes y programas de estudio fueron implementados a partir del año 2010, y  los estudiantes de nuevo ingreso han estado bajo este nuevo modelo educativo, que  la mayoría desconoce y solamente se han remitido algunos docentes a hacerles el comentario de que “están trabajando bajo los nuevos planes y programas de estudio”, sin extender en la explicación o los motivos que llevaron a estos.
Al hacer este breve repaso nos enfrentamos  no solo a viejas y nuevas prácticas perniciosas, sino  ante un problema de carácter moral y ético, desde el momento  en que en las aulas (sobretodo algunos docentes), espacios académicos de información y divulgación hacemos uso de conceptos y términos que denotan una posición con respecto a estos problemas, implícito en el discurso,  y  se colocan del lado de las causas populares, en tanto que en la práctica realizan todo lo contrario.
Es decir, que en las aulas se presentan como los más progresistas y amigos de los estudiantes, en tanto que cuando se trata de mantener la dignidad y actuar en consecuencia, prefieren mantener su status y posición económica. Nuevamente nuestras condiciones materiales determinan nuestra conciencia social.
Entendemos que los cambios son inherentes a la voluntad de un individuo o un pequeño grupo, pero éstos se deben realizar con la mejor intención, de manera organizada, y con objetivos comunes que nos identifiquen como comunidad universitaria. Y en ella propugnar e impulsar que los objetivos comunes sean los preponderantes sobre los intereses particulares.
Ahora veamos algunos hechos:

Esto es lo que dice un alumno  cualquiera recién ingresado a la Facultad :“a inicio del semestre se sigue presentando el desinterés de los profesores de las materias, la acumulación de materias, la impuntualidad de los profesores, los viernes ponen como pretexto que es día de prácticas y no llegan a clases, algunos profesores hablan nomas de sus experiencias en clases, llevan a prácticas nomas para divertirse y ponerse unas borrachera el maestro y los alumnos, los puentes demasiado prolongados, en algunas materias aun no han sido cubiertas todavía siguen sin profesores” (Entrevistado  el 30 de enero de 2012).
Ineficiencia de la organización de nuestros horarios de clases, persistencia de materias vacantes; estudiantes que no leen (resultado y punto de partida de la deficiente educación pública y su reproducción en el ámbito universitario); algunos profesores que desconocen los contenidos del nuevo plan de estudios (evidencia de la verticalidad de aquellos “académicos” cuasi dueños de los nuevos planes de estudio, señal del adormecimiento de un amplio grupo de estudiantes).
Estudiantes que prefieren alimentar, sembrar la cultura de la desgana, la indiferencia, la apatía; una cultura que siembra la negación del esfuerzo del pueblo (de campesinos (as), obreras (os), profesoras (es), empleados (as), amas de casa, comerciantes formales e informales, etc., que pagan impuestos administrados por los responsables de las instituciones del Estado) por mantener al actual director, al contador, a las secretarias,  a las y los responsables de Servicios Escolares , a la señora y los hombres que hacen la limpieza de la Facultad, es decir que contribuye con el mantenimiento de la Facultad, que contribuye con la educación de mujeres y hombres estudiantes en la Facultad, sin embargo, con esa cultura se ha propiciado lo que ahora tenemos, lo que hemos descrito, ¿acaso esa tiene que ser la cosecha, el fruto? De ninguna manera.
Como se observa  hay problemas que se tratan de  manera unilateral y es necesario estudiarlo desde sus relaciones con los otros  ámbitos de la sociedad, en su concatenación y esperamos que se contribuya a ello.
Reiteramos la necesidad de impulsar la organización estudiantil, y exhortamos a los compañeros (as) estudiantes a que pregunten con sus profesores y grupos organizados al interior de la FCS, cuestionen, analicen,  sobre lo que aquí se menciona  para poder actuar con conocimiento de causa.

¡A IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL!
¡HACIA LA LIBERTAD POR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO!
¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
¡POR UNA EDUCACIÓN GRATUITA, CIENTÍFICA Y POPULAR!

COLECTIVO TSOBLEJ-FNLS
DE LA FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNACH.