A la opinión pública
A un año de acontecido el crimen contra el compañero
Humberto Morales Sántiz, queda claramente comprobado que fue una ejecución
extrajudicial, porque la forma en la que le fue arrebatada la vida demuestra la
saña y violencia con la que actuó el grupo paramilitar “los petules”, verdad que
es reforzada con las conclusiones científicas a las que llegó el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), mismas que obran en la carpeta de
investigación.
El peritaje del EAAF arroja conclusiones que ayudan
a definir cómo sucedieron los hechos, los cuales, no dejan lugar a dudas de la
trayectoria del proyectil que privó de la vida al compañero Humberto, el proyectil
atravesó el cráneo y el dictamen de criminalística afirma que el disparo fue a
muy corta distancia y por la espalda, esto indica que fue un artero crimen
ejecutado a quemarropa.
De acuerdo con las conclusiones del EAAF, el autor
material de este crimen accionó su arma a bocajarro, es decir, a una distancia de
muy corto alcance, por lo que la muerte fue violenta. Con esto se reafirma lo que
hemos dicho de manera reiterada de la causa de muerte de nuestro compañero: fue
ejecutado extrajudicialmente.
Cualquier artilugio leguleyo o pseudocientífico
separado de la tipificación del crimen como ejecución extrajudicial significa la
revictimización, un ardid fincado en el estado de derecho imperante cuyo
propósito es procurar la impunidad para los responsables del río de sangre del
pueblo que desde hace tiempo se encuentran desbordados, una maniobra maniquea
para ocultar la evidente complicidad entre los paramilitares, los cuerpos policíacos
y funcionarios de distinto nivel.
Las víctimas están de nuestro lado, el FNLS es el
principal afectado de esta política de terrorismo de Estado, particularmente
los que integran la organización en el estado de Chiapas, no obstante, desde el
gobierno del estado y el federal pretenden lavarse las manos con evasivas que nos
colocan como los victimarios; a través de señalamientos policíacos organizan
una campaña de calumnias y difamaciones para cercenar la combatividad y minar
la solidaridad entre hermanos de clase.
La carpeta de investigación del caso de nuestro
compañero no sólo muestra nulos avances en la investigación, sino que mediante
éste se maquila una maniobra leguleya para incriminar a nuestros compañeros del
ejido “El Carrizal” y al FNLS. Es del sentido común que, si una investigación
tiene la pretensión de ser imparcial, al ofendido se le da el trato de víctima
y no de victimario, por esta razón, llama particularmente la atención que a
nuestro compañero Humberto se le practiquen pruebas que conducen a su
revictimización y a los principales indiciados se omitan de toda investigación
y se paseen en completa impunidad.
Es inadmisible e insultante a la inteligencia
humana, que en todo este tiempo no existan líneas de investigación, ni dictamen
del peritaje de la necropsia por parte de las autoridades, así como la ausencia
del dictamen de las periciales en balística y lo que si hay, son una serie de
contradicciones en los dichos de las autoridades investigadoras que prueban
cómo la impunidad se manifiesta como política de gobierno.
La cadena de omisión, negligencia, dilación y desgaste
son las mismas en el proceso de investigación de los casos de los compañeros Héctor
Sántiz López y Fidencio Gómez Sántiz, hecho que evidencia la política de Estado
de no investigar, ni dar seguimiento a los procesos jurídicos por parte de las
autoridades e instituciones encargadas de la procuración de justicia; esta actitud
nefasta de la Fiscalía demuestra que las desapariciones forzadas y las
ejecuciones extrajudiciales las comete el gobierno mexicano de manera
sistemática contra los integrantes de nuestra organización. No son hechos
aislados, ni espontáneos, son crímenes planeados con la intención de cercenar
la organización y la lucha por el socialismo en México.
Los asesinos de Humberto y Héctor pertenecen al
grupo paramilitar “los petules”, grupúsculo de personas descompuestas que
cometen todo tipo de crímenes con el cobijo de las estructuras policíacas y
militares, sobre su responsabilidad existen una serie de atropellos al amparo
del andamiaje represivo del estado de Chiapas sin que hasta ahora, sus
principales cabecillas sean llamados a las instancias de justicia.
La red de espías que opera en la región de
Altamirano, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, es una prueba irrefutable de
que son éstos quienes señalan a la futura víctima, la objetivación de que el
andamiaje represivo lo conforman policías, militares en activo y retiro, así
como supuestos periodistas. El testimonio de lo que aquí se afirma fue
entregado a las instancias correspondientes y dado a conocer a los medios de
comunicación, no obstante, esta información parece ser de lo más habitual
porque encontró un silencio propositivo en la difusión mediática.
La privación de la vida de manera arbitraria de
nuestro compañero que hoy se configura como una ejecución extrajudicial con
todas sus letras, se da en un contexto de la lucha por la tierra y su defensa,
de la exigencia del respeto a los derechos del pueblo, entre ellos, el derecho
a la educación, al trabajo, la salud y una vida digna, así como la exigencia de
la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos, en particular de
los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La ejecución extrajudicial de Humberto está marcada
con un sesgo particular del odio de clase burguesa objetivada en el grupo
paramilitar, donde el objetivo no era sólo arrebatarle la vida, sino hacer
extensivo los efectos del terrorismo de Estado a sus familiares, la comunidad y
la organización, sin embargo, el hecho no derrumba los ánimos, no amaina la
combatividad, por el contrario, aviva la dignidad para no permitir que este
caso permanezca impune.
Este hecho criminal pone al descubierto la política
represiva del régimen, condición que no es ajena a los distintos gobiernos
estatales y municipales, porque el caso de nuestro compañero no es la
excepción, sino la regla que se repite sistemáticamente en miles de familias
proletarias en todo el país.
La naturaleza profascista de los distintos gobiernos
está materializada en la pretensión de endosar cada crimen al fuero común,
eludir la responsabilidad de las corporaciones policíacas, militares y
paramilitares; sin ningún miramiento sostienen eufemismos que criminalizan la
protesta, porque desde esta lógica, todos los muertos son por “riñas
callejeras”, “ajustes de cuentas”, “problemas intercomunitarios”, entre otras excusas.
La exigencia es puntual, el juicio y castigo a los
responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, los cuales tiene
nombre y apellido, investigación exhaustiva para delimitar la cadena de mando
de quienes dieron la orden de cometer estos crímenes de lesa humanidad, porque
es una vox populi, que funcionarios
de gobierno estatal y municipal, sostienen reuniones en el campamento
paramilitar.
El disparo a corta distancia, la trayectoria del
proyectil, los orificios de entrada y salida de la bala; son aspectos que no
pueden ser pasados por alto, porque son elementos científicos que ponen en
evidencia la aquiescencia del Estado mexicano en el cometido de este crimen,
mismos que se suman a la exigencia de juicio y castigo quienes planearon y
objetivaron el crimen.
A un año de distancia no existe el desánimo, la
dignidad no cede a la arrogancia y despotismo de las autoridades, la
combatividad crece ante cada respuesta evasiva de las instituciones
gubernamentales; la presencia de nuestro compañero Humberto, junto a la de Héctor,
Víctor Alfonso y todos nuestros mártires se erigen como estandarte para
continuar la lucha contra el terrorismo de Estado y por el socialismo en
nuestro país.
Por todo lo anterior, serán responsables de toda
agresión física y psicológica contra todo integrante del Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo Enrique Peña Nieto gobierno federal y el Manuel Velasco
Coello gobernador de Chiapas.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y
popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS