30 de Agosto de 2016
A los
medios de comunicación
A las
organizaciones independientes defensora de los derechos humanos
A las
organizaciones populares
A los
familiares de los miles de detenidos-desaparecidos
A las
Víctimas del Terrorismo de Estado
Al pueblo
en general
¡Porque Vivos se los llevaron,
Vivos los queremos! Es la exigencia y reivindicación de los diferentes pueblos
en lucha del mundo, a los que el azote de la política contrainsurgente para
mantener a sangre y fuego la continuidad del capitalismo les ha embestido y se
han cometido crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada. La lucha
de familiares, organizaciones populares y organismos de derechos humanos
recordamos y conmemoramos así el 30 de agosto como el Día internacional del
detenido-desaparecido.
La desaparición forzada de personas por motivos
políticos o sociales en nuestro país es una política persistente y sistemática
de Estado mexicano, constituye parte de la política de terrorismo de Estado
como una de sus expresiones más perversas y represivas con la que se pretende
eliminar la crítica política, protesta y lucha popular contra el capitalismo y
régimen burgués. Crimen de Estado que se vuelve en una recurrente y deleznable
atrocidad cometida contra el pueblo en la agudización de la lucha de clases.
La cifra documentada de detenidos-desaparecidos por
motivos políticos de 1964 a 1982 superaba los más de 1500. Las entidades con
los mayores índices de casos de detenidos-desparecidos: Guerrero, Veracruz,
Valle de México, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Jalisco. En lo
posterior, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se convirtieron
en una práctica permanente del Estado, cuando el corromper, hostigar,
encarcelar y torturar no doblegaba a los luchadores sociales y sus
organizaciones.
El crimen de desaparición forzada es un fenómeno
inocultable en México, sus efectos son tan evidentes que existen miles de
testimonios que documentan que diariamente este flagelo represivo cobra cada
vez más víctimas, sin embargo, en la actualidad el punto nodal no se encuentra
en el reconocimiento, sino en la salida perversa que se maquina desde el Estado
mexicano para dar carpetazo a las denuncias y premiar con la impunidad a los
autores materiales e inténtales de cientos de crímenes de lesa humanidad.
El caso más ilustrativo es el de los luchadores
sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en el sentido que
no sólo es el caso que está ampliamente documentado en el que es imposible
negar la participación de efectivos de los cuerpos represivos en su cometido,
de acuerdo con lo que reza en el expediente y en la recomendación de la CNDH
07/2009, porque es en sus personas donde se manifiesta toda la perversidad de
la política gubernamental, para con las víctimas, sus familiares y el pueblo en
general que demanda presentación con vida.
Este caso demuestra que no sólo se comete la
desaparición forzada para “ausentar” la humanidad de una persona, sino que el
objetivo es aún más ruin, es el de intentar quebrantar la dignidad que alguien
que ha decido encauzar sus convicciones políticas por la vía armada
revolucionaria, en el caso particular de ellos dos, pero en la generalidad es
contra toda actitud crítica del pueblo. Desde la óptica criminal del Estado
mexicano, se “castiga” la participación política, tener una actitud activa en
el proceso de lucha en nuestro país, por lo tanto, se niega el derecho a la
protesta.
La versión oficial que fue combatida con la
denuncia y documentación de las organizaciones independientes de derechos
humanos y organizaciones populares que impulsaron una tenaz lucha por medio de
acciones políticas de masas en contra de los crímenes de lesa humanidad. Es
decir, la exigencia por la presentación con vida de todos los detenidos
desaparecidos ha sido continua desde la década de los años 60´s hasta nuestros
días en nuestro país, así como también en América Latina.
La continuidad de los crímenes de lesa humanidad
independientemente del personero de la oligarquía y partidos electoreros en la
Presidencia, gubernaturas y municipios demuestran en los hechos que el
terrorismo de Estado es una política de gobierno transexenal. Los datos duros
no dejan lugar a dudas, desde Felipe Calderón a lo que va del sexenio de
Enrique Peña Nieto, la represión y hostigamiento contra quienes ejercen su
derecho a la protesta se incrementó exponencialmente en la última década.
La instauración de facto de un Estado
policíaco-militar es parte de la continuidad de esta política represiva, es
desde esta estructura donde se objetivan los más atroces crímenes, ejecutados
por corporaciones oficiales y paramilitares; con su actuar extienden también el
terrorismo de Estado a los distintos sectores sociales, sobre todo los de
origen popular y en condiciones de precariedad, como política de
contrainsurgencia para inhibir la protesta social y procesos organizativos.
La denuncia constante de los familiares, de
organizaciones populares y de derechos humanos ha logrado llevar a discusión al
ámbito legislativo una ley que prevenga y sancione la desaparición forzada. Sin
embargo, es evidente que la mayaría de los legisladores pretende dar un albazo
y promulgar una ley alejada de las exigencias populares, de las víctimas y del
propio marco normativo internacional respecto a los derechos humanos.
Una ley contra la desaparición forzada que no
contenga los principios mínimos de los estándares internacionales y de las
necesidades de las víctimas, es una ley que solo pretende evitar que sean
enjuiciados los verdaderos criminales de Estado, brindar total impunidad o a
los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad
cometidos contra el pueblo en los últimos 50 años.
El caso de lo caso que ha puesto en evidencia todo
el engranaje Estatal y las maniobras jurídicas para escamotear la justicia, es
el de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya, ambos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca y
reivindicados por el PDPR-EPR. En él se han emitido recomendaciones de la CNDH,
existe una resolución jurídica la 29/2014 y ha contado con la denuncia de
desatacadas personalidades y sin embargo, el Estado se muestra omiso ante esta
exigencia.
Este caso representa uno de los de mayor relevancia
en términos tanto jurídicos como políticos, toda vez que a lo largo de más de 9
años de lucha por la exigencia de su presentación con vida se ha logrado desenmascarar
al Estado mexicano en su completa responsabilidad, ya que en la
detención-desaparición de ambos se documenta en el expediente que existió
participación de varias corporaciones policiacas-militares y del estado de
Oaxaca, así como que presumiblemente fueron torturados en las instalaciones de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y posteriormente
trasladados en una ambulancia del ejército.
Es gracias a la solidaridad de organizaciones
populares, defensoras de derechos humanos, personalidades, intelectuales y
pueblo en general que han contribuido a obligar al Estado, para que a través
del IX Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, se resolviera el amparo
en el cual, en un hecho sin precedentes, se ordena citar a comparecer a altos
mandos de la PGR, CISEN y SEDENA, dentro de otros, la apertura del
cuartel militar número, emblema histórico de la infamia en nuestro país, con la
finalidad de dar con el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo
Reyes Amaya.
Debido a esta labor de denuncia que hemos
desarrollado en coordinación con los familiares y distintas personalidades, el
Estado mexicano arrecía la represión en contra nuestra; son distintas las
agresiones que hemos denunciado desde que desarrollamos la Gira Nacional:
Desaparición forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo
Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, como intentos de desaparición
forzada en Michoacán; incursiones del Ejército en comunidades organizadas en
torno nuestro en Hidalgo y Veracruz; agresiones paramilitares, asesinatos,
heridos de bala y detenciones ilegales en Chiapas…
El acontecimiento más reciente sucedió el pasado 5
de marzo del presente año fue detenido-desaparecido nuestro compañero Fidencio
Gómez Sántiz en el municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de regresar a su
comunidad tras desarrollar actividades políticas en la Ciudad de México, en la
que se mantuvo una intensa campaña de denuncia por el asesinato político del
compañero Héctor Sántiz López, por parte del grupo paramilitar los “petules” y
el intento de ejecución extrajudicial de los compañeros Rubicel Hernández
García, Jesús Hernández Reyes y Matías Flores Hernández en la delegación
Iztapalapa del entonces Distrito Federal.
En Chiapas queda expuesto que es donde el Estado
mexicano intenta asestar los más duros golpes en contra nuestra organización,
utiliza a los “petules” como grupo paramilitar y a las autoridades del ejido
Altamirano como punta de lanza para la represión, quienes bajo el amparo de las
distintas corporaciones policíacas comenten distintos delitos con total
impunidad. No obstante, en nuestra condición de organización política de masas
de carácter nacional, así será la respuesta organizada ante esta embestida.
El caso Ayotzinapa si bien representa uno de los
episodios más dolorosos y atroces que hirieron la dignidad del pueblo mexicano,
no es el parte aguas en la historia de las desapariciones forzadas de nuestro
país, tal y como lo ha defendido convenientemente el oportunismo.
Como parte del movimiento popular y con base en la
experiencia adquirida y bajo los principios que nos rigen, brindamos la
solidaridad incondicional hacia los familiares, victimas también de este crimen
de Estado. La consigna del pueblo y sus organizaciones populares debe ser la de
no cejar la exigencia de la presentación con vida de todos y cada uno de los
detenidos desaparecidos, desenmascarar al Estado mexicano como el único
responsable de este escenario de terror en la que se ha sometido a nuestro
pueblo.
Los responsables tienen nombre y apellido, en
cadena de mando hacen llegar su decisión criminal, es Enrique Peña Nieto como
titular del ejecutivo, en contubernio con los ejecutivos estatales, Manuel
Velasco Coello, Javier Duarte de Ochoa, Silvano Aureoles Conejo… quienes
cierran la espiral represiva. Para ellos ni perdón, ni olvido.
¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Por la presentación con vida de todos los
detenidos desparecidos de ayer y hoy!
¡Presentación con vida de los luchadores sociales
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación
con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino y
Popular!
Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo
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