Ciudad de México a 26
de septiembre de 2016
A las familias
víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos
defensores de los derechos humanos
A los medios de
comunicación nacional y del extranjero
A las organizaciones
populares
Al pueblo en general
El 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición
forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la ejecución
extrajudicial de 6 personas más, entre ellas 3 estudiantes. Acto represivo en
que el Estado mexicano a través de sus distintos cuerpos policíacos, militares
y paramilitares, cometió múltiples violaciones a los derechos humanos. Para el
pueblo no hay duda es un crimen de Estado y de lesa humanidad.
Durante este tiempo, la respuesta del Estado a los
familiares ha sido la misma hacia todas la víctimas, la indolencia, el
burocratismo, la negación del crimen, dilación y desgaste; lo que en los hechos
constituye una política de Estado para cubrir con el manto de la impunidad a
los responsables, desde las policías municipal, estatal, federal hasta la
SEDENA, que conducen en cadena de mando al ejecutivo federal.
Lo sucedido con los estudiantes normalistas constituye el
botón de muestra de lo que sucede en todo el país con los más de 300 mil
detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, la política del
Estado es la misma, desgastar a los familiares para que dejen de exigir su
presentación con vida y pretendan olvidar el hecho.
El caso Iguala no marca el parteaguas de las desapariciones
forzadas en el país, es el hecho que demostró de manera dolorosa lo que ya se
denunciaba, que este crimen de lesa humanidad tiene sello de Estado.
Sensibilizó a amplios sectores de la población que hasta ese momento daban el
beneficio de la duda a la denuncia, porque este caso hacía inocultable el terrorismo
de Estado como política de gobierno.
Los familiares tocan puertas de las diferentes instituciones
y los funcionarios sólo responden con un vengan mañana o no hay nada, como si
se tratase de un objeto al que hay que buscar, cuando lo que se exige es la
presentación con vida de personas que tienen una familia, son padres, hijos,
hermanos o esposos. Cuando son integrantes de una organización popular, por el
simple hecho de ser miembro de ella son sometidos a graves violaciones a los
derechos humanos, porque atentan contra su vida, su integridad física y
psicológica.
Cuando no tienen ninguna militancia política, por el simple
hecho de ser parte de las filas de proletariado son sometidos a este flagelo,
sólo revisemos, todos los que han sido detenidos desaparecidos son
trabajadores, luchadores sociales, activistas políticos, revolucionarios, amas
de casa, obreras, obreros, campesinos, profesionistas…, pero en la lista no
figura un hijo de burgués, ni un político de oficio; es el proletariado
mexicano la víctima de esta política de Estado.
La desaparición forzada es una política de gobierno que no
se circunscribe a coyunturas políticas de los cambios de gobierno, es la
expresión del terrorismo de Estado en el país, que no termina, porque al ser
una política se práctica con el propósito de infundir miedo para que el pueblo
no proteste contra las reformas neoliberales, no se organice y no cuestione la
miseria, pobreza y hambre en la que se vive.
Esta política por más que se quiera ocultar la
sistematicidad y la generalización con se comete, no se puede, porque no hay
rincón del país donde el pueblo no cuestione por esta práctica y donde no
exista una víctima de este crimen. Son cada vez más las denuncias de los
familiares las que demuestran la responsabilidad de los cuerpos represivos en
el cometido de este crimen tan deleznable.
Prueba de ello son las resoluciones 29/2014 a favor de los
luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; y la
1035/2015 a favor del Sr. Juan Flores Solorio, emitidas ambas por el Poder
Judicial de la Federación y que hasta el momento la instancias implicadas se
niegan a acatar, concretamente la Secretaria de la Defensa Nacional, es decir,
los militares.
En los hechos ambos recursos jurídicos obtenidos a través
del juicio de amparo, son una muestra de la responsabilidad del Estado en el
cometido de crímenes de lesa humanidad, porque es imposible ocultar la
responsabilidad gubernamental que los jueces fallan en favor de las víctimas.
En ambas se ordena la apertura de cuarteles militares para
su búsqueda y se señala la responsabilidad de estas instituciones en el
cometido de este crimen, sin embargo, la respuesta es la impunidad, donde las
declaraciones rayan en la bravuconería por parte de los altos mandos militares;
se van abrir hasta que sean sentencias definitivas, lo que en los hechos
refleja la protección a los cuerpos castrenses y la impunidad como política de
Estado.
A pesar de ser evidente la larga lista del terror provocada
por la desaparición forzada, en el país no existe una ley general contra este
flagelo, la omisión de ambas cámaras de discutir un recurso legislativo apegado
a las víctimas, más allá de representar falta de voluntad política significa
que es una política de Estado no hacer nada para erradicar las desapariciones
forzadas, no existe la mínima intención de terminar ni sancionar a los
responsables. Es la misma razón por la que no se acatan las resoluciones,
emitidas por el poder judicial de la federación.
Los logros obtenidos hasta el momento son por la lucha
decidida de los familiares, organizaciones populares, defensores de los
derechos humanos y los recursos jurídicos, es mediante las acciones políticas
de masas y la denuncia que se ha logrado evidenciar esta política de Estado, en
la coordinación de la lucha política y jurídica.
Ayotzinapa es una herida abierta para todo el pueblo, como
también lo es la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Fidencio Gómez Sántiz, Daniela y
Virginia Ortiz Ramírez del MULT; Carlos René Román Salazar, Teodulfo Torres
Soriano, Gabriel Gómez Caña, Lauro Juárez… y las más de 300 mil víctimas. Por
lo tanto, es todo el pueblo quien en su acción política exige su presentación
con vida.
Si nos identifica el mismo dolor y la misma indignación, se torna
necesaria la unidad de todas las víctimas del terrorismo de Estado; desplegar
la acción creadora de las masas con combatividad ante cada desaparición
forzada; movilizarnos y denunciar los responsables de este crimen de Estado;
porque en cada víctima se identifica a un hermano de clase.
¡Presentación con
vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Alto al terrorismo
de Estado!
¡Alto a la
criminalización de la pobreza y protesta popular!
¡Por la unidad
obrera, campesina y popular!
Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo
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