A dos años de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el crimen de lesa humanidad permanece en la impunidad

Desde el año 2015 se interpuso el amparo por desaparición forzada en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, el cual hasta el momento no ha emitido resultado alguno, al contrario lo que han hecho es entregar notificaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a los familiares, para distraer la lucha de presentación con vida por unos cuantos pesos.

Se han aportado nombres, testigos y datos que permitan realizar investigaciones en el campamento del grupo paramilitar “Los Petules”, sin que hasta el momento se haya actuado por parte de los fiscales y funcionarios encargados de llevar el caso. Hecho que por sí mismo devela una política de no investigar y dar protección a los perpetradores.

Los fiscales quieren que los familiares y compañeros aporten más datos, información que les permita tener una “pista” para dar con el paradero de nuestro compañero, sin embargo, ¿cuál es la labor de estos funcionarios?, ¿será que por no aportar más datos los familiares y la organización los funcionarios no pueden avanzar con la investigación? Desde luego que no, lo que hacen es revictimizar a los familiares, impiden que tengan acceso a una investigación pronta y expedita, a conocer la verdad de los hechos, a dar con el paradero de su ser querido, a enjuiciar a los autores materiales e intelectuales y mantener su memoria en alto.

 A dos años de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el crimen de lesa humanidad permanece en la impunidad