San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, 13 de febrero de
2012.
A los medios de comunicación. A los medios alternativos.
A los organismos defensores de derechos
humanos nacionales a internacionales.
A las organizaciones sociales,
políticas, democráticas e independientes.
A la opinión pública.
Denuncia
pública:
El gobierno responde con la
judicialización y represión a un problema social de desempleo, producto
de la crisis económica.
Ante
el creciente desempleo, pobreza y miseria que padecemos los mexicanos, y ante
el incremento constante de los pasajes controlado desde los grupos caciquiles,
hace más de dos años que solicitamos concesiones o permisos al gobierno del estado ante las secretarías
correspondientes, para laborar como transportistas brindando el servicio de
transporte, en modalidad de taxi, en la ruta Altamirano-Ocosingo y viceversa;
sin embargo sólo hemos recibido amenazas y
represión.
Para
poder resolver las necesidades básicas como personas y ante el gran desempleo
en que está sumido el país decidimos
asociarnos para trabajar como transportistas, y de esa manera generar ingresos
para nuestras familias que tanto hace falta con las recurrentes crisis
económicas que golpean y laceran las condiciones de vida del pueblo.
Desde
que decidimos organizarnos para trabajar y solicitar las concesiones y/o
permisos, se han suscitado una serie de hechos represivos en nuestra contra, que van desde el asesinato
del compañero Mario Paniagua y el compañero herido Anselmo Sánchez, y
constantes amenazas de muerte. Por parte de los caciques, dueños de las
concesiones de las sociedades “San Carlos” y “Laguna Miramar”.
A
ello se suma el apoyo del gobierno del estado de Juan Sabines Guerrero, que desde la
secretaría de transporte, delegación de gobierno de Ocosingo, y la misma
secretaría de gobierno, protegen los intereses de sus amigos: los caciques dueños de las concesiones
en Altamirano y Ocosingo. Esto demuestra la corrupción y el negocio que hacen
de las concesiones, lucrando con las necesidades del pueblo pobre que necesita
trabajo.
El
gobierno del estado hace oídos sordos ante los problemas sociales, generado en
la región por el constante aumento de los hidrocarburos, y muestra incapacidad
y autoritarismo al responder con el aparato policiaco-militar para arremeter en
contra de los transportistas que
necesitan de un trabajo como fuente de
subsistencia.
La
única respuesta que nos dio el gobierno del estado el 24 de noviembre fue
cuando montaron un operativo policiaco
en Ocosingo para detener nuestras unidades, mientras los llamados
concesionados tomaban nuestras instalaciones en el municipio de Altamirano,
hecho que demuestra el apoyo y coordinación del gobierno con los caciques.
Este
hecho agudizó la problemática, al grado de decidir no laborar por parte de las
dos rutas que estábamos trabajando, producto de aplicación de la represión,
ocasionando al mismo tiempo la tensión de las relaciones entre nosotros y los
transportistas concesionados. Que desde la fecha no hemos venido laborando,
situación que provoca incertidumbre y
zozobra en las familias que no tenemos
otra fuente de subsistencia.
Posteriormente
el gobierno giró órdenes de aprehensión
en contra de nuestros compañeros Armando Gómez Aguilar, José Manuel Gómez
Aguilar, Víctor Manuel Gómez Sántiz y Marcos Gómez López, que constituye una
medida judicial por parte del gobierno para hacer que desistamos de nuestra
lucha por trabajar dignamente.
A
este hecho se suma un acuerdo entre el gobierno del estado y los transportistas
concesionados, firmado el 09 de febrero
en el municipio de Altamirano por los CC. Lic. Rubén García Matus
(Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales
Vázquez (delegado de gobierno); minuta de acuerdo en el que el gobierno se
compromete a que se “restablezca el
estado de derecho” “a más tardar el
miércoles 15 de febrero del año en curso”.
Por
ello, alertamos a los organismos defensores de los derechos humanos y a las
organizaciones democráticas e independientes, estén atentos al desarrollo de
esta problemática generada por el
gobierno, por el riesgo que corren nuestros compañeros de ser encarcelados
injustamente, y que sean detenidos arbitrariamente los demás compañeros transportistas
y sus familias.
Advertimos y denunciamos que a la par de estas
detenciones el gobierno pretende invadir y militarizar las comunidades de los compañeros de la Organización
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) para encarcelarnos por estar apoyándonos
como transportistas.
Responsabilizamos:
Al
gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé
Castañón León, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, al Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII
Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno), a Walter
Irecta presidente del grupo de autotransporte “Laguna Miramar” de cualquier detención arbitraria, de la
integridad física y psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y de
quienes forman parte de nuestro Frente Nacional
de Lucha por el Socialismo.
¡POR LA UNIDAD
OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
UNIÓN
DE TRANSPORTISTAS “ELQUETZALITO”- FNLS
FRENTE NACIONAL
DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
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